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A principios de abril, el Vicepresidente y Ministro de Sanidad de Zimbabue, Dr. Constantino Chiwenga, indicó que el Estado planeaba introducir una ley que penalizara la contratación en el extranjero de personal sanitario del país.
“Si uno recluta deliberadamente y hace sufrir al país, eso es un crimen contra la humanidad. La gente se muere en los hospitales porque no hay enfermeras ni médicos… Zimbabue frunce el ceño ante este crimen atroz que es también una grave violación de los derechos humanos”, afirmó.
La declaración de Chiwenga suscitó fuertes reacciones entre los trabajadores sanitarios. Se calcula que 4.000 trabajadores sanitarios han emigrado de Zimbabue desde febrero de 2021.
Zimbabue fue uno de los 55 países identificados en marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “los que afrontan los problemas más acuciantes en materia de personal sanitario en relación con la cobertura sanitaria universal”: la densidad de médicos, enfermeros y matronas está por debajo de la media mundial (49 por cada 10.000 habitantes) y el índice de cobertura universal de los servicios sanitarios está por debajo de un determinado umbral (55).
En respuesta al informe, el Reino Unido -uno de los principales países receptores de personal sanitario de Zimbabue- declaró que había incluido al país en su Lista Roja, deteniendo “toda contratación activa” con efecto inmediato.
Aunque el personal sanitario puede seguir solicitando empleo en el Reino Unido de forma independiente e individual (en contraposición a las agencias de contratación), el proceso podría complicarse a la luz de informes según los cuales el gobierno de Zimbabue ya ha dejado de emitir cartas de verificación que autorizarían a las personas a trabajar en el extranjero.
El caso de Zimbabue ilustra problemas ya antiguos relativos al impacto de la fuga de cerebros en los países más pobres, especialmente en sectores críticos como la sanidad. 37 de los 55 países de la lista de la OMS están en África, y se prevé que el continente se enfrente a una escasez de 6,1 millones de trabajadores sanitarios para 2030.
También plantea cuestiones complejas relacionadas con los derechos de los trabajadores sanitarios y la desigualdad global Norte-Sur.
Un sistema sanitario público en colapso
“Llevamos más de dos décadas afrontando retos en el sector sanitario, que ahora se han convertido en problemas perennes. Los trabajadores sanitarios abandonan el país para ir a Sudáfrica, Namibia, Botsuana y también al Reino Unido, debido a los salarios de miseria que se les paga: un médico gana unos 400 dólares al mes”, declaró a Peoples Dispatch el Dr. Norman Matara, secretario general de la Asociación de Médicos por los Derechos Humanos de Zimbabue (ZADHR).
“Los principales hospitales, incluidos los cuatro hospitales centrales, se enfrentan a la escasez de medicamentos básicos como el paracetamol. En estos momentos, no hay ni una sola máquina de radioterapia en funcionamiento en el país. Nuestro mayor hospital sólo tiene un quirófano materno, que se construyó antes de 1980. La gente muere por cosas que se pueden prevenir”.
Apenas unos meses antes de que Zimbabue registrara su primer caso de COVID-19 en marzo de 2020, el país ya registraba altas tasas de plazas vacantes: un 34% de médicos y un 64% de científicos de laboratorio médico.
Para Matara, la raíz de la crisis está en la falta de financiación: “Somos signatarios de la Declaración de Abuja, en la que nos comprometimos a destinar el 15% de nuestro presupuesto a la sanidad. Sin embargo, no hemos cumplido este compromiso”.
Así, para 2023, sólo se ha asignado el 11% del presupuesto nacional al Ministerio de Sanidad y Asistencia a la Infancia.
Los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales del sector también han provocado repetidas protestas y huelgas de los trabajadores sanitarios, ya que los aumentos salariales, de hasta el 100%, no han podido seguir el ritmo de una inflación de tres dígitos, que en enero se situó en el 229,8%.
El aumento del coste de la vida y el desplome de la moneda local no sólo han tenido un impacto devastador en el valor de los salarios reales, sino también en el acceso de la población a la atención sanitaria, en un país donde, según Matara, sólo el 8% de la población tiene seguro médico, por lo que la mayoría de la gente tiene que pagar de su bolsillo para recibir atención.
La depreciación de la moneda también ha repercutido en los fondos que el gobierno puede destinar al sector sanitario.
“Los hospitales centrales del país necesitan unos 3 millones de dólares al año cada uno para funcionar sin carencias. Sin embargo, en realidad, sólo reciben en torno al 10% de la cantidad necesaria”, afirmó Matara.
“La otra cuestión es que la moneda nacional pierde valor casi a diario, de modo que incluso cuando el gobierno asigna dinero en el presupuesto nacional, para cuando llega a los hospitales, su valor es una quinta o una décima parte de lo que se asignó en el presupuesto hace sólo cuatro o cinco meses”.
Mientras tanto, a medida que las condiciones han ido empeorando, el derecho de los trabajadores sanitarios a emprender acciones sindicales para plantear algunas de estas cuestiones se ha visto gravemente restringido por una nueva ley que prohíbe las huelgas de los trabajadores sanitarios durante más de tres días. Los trabajadores o dirigentes sindicales que desafíen estas nuevas condiciones pueden ser acusados de un delito penal y encarcelados hasta seis meses.
“Se trata de una ley inconstitucional que impide a los trabajadores sanitarios ejercer los derechos que tienen garantizados”, afirma Matara. En cuanto a las inminentes restricciones a la contratación en el extranjero, afirma que “se trata de otra medida inconstitucional”. El artículo 66 de la Carta de Derechos permite a los ciudadanos viajar tanto dentro del país como fuera de él, si así lo desean”.
Al mismo tiempo, subrayó que los trabajadores sanitarios seguirían prefiriendo quedarse a trabajar en el país, en casa y cerca de sus familias, si las condiciones lo permitieran, y que, en lugar de ser atraídos por el extranjero, los trabajadores sanitarios eran expulsados debido a los bajos salarios y las malas condiciones laborales.
“Si se abordan las condiciones, nadie se irá, y no tendremos esta crisis… Exigimos que el gobierno dé prioridad al sector sanitario, y que se limite a cumplir los compromisos adquiridos en el marco de la Declaración de Abuja como punto de partida”.
Hacer realidad la visión de la Declaración de Abuja
Firmada en la Cumbre Africana sobre el VIH/SIDA, la Tuberculosis y otras Enfermedades Infecciosas relacionadas, celebrada en Abuja, capital de Nigeria, en 2001, esta declaración fue importante más allá de las consideraciones sobre las asignaciones presupuestarias en lo que se refiere a la respuesta a las enfermedades y, en general, a la salud.
“Reconocemos que las migraciones forzosas debidas a guerras, conflictos, catástrofes naturales y factores económicos, incluidas las sanciones unilaterales impuestas a algunos países africanos, conducen a una mayor vulnerabilidad y a la propagación de enfermedades”, reza el texto.
La declaración se hizo pública apenas un mes después de que Estados Unidos empezara a imponer sanciones ilegales a Zimbabue, primero mediante la Ley de Democracia y Recuperación Económica de Zimbabue (ZIDERA), que bloquea el acceso del país a la financiación de las instituciones financieras internacionales y a la condonación o reducción de la deuda.
Aunque Estados Unidos sigue manteniendo que sus sanciones no van dirigidas contra el pueblo zimbabuense, el país o su sector bancario, la realidad es que estas medidas ilegales han perturbado todos los aspectos de la vida, incluida la sanidad, al tiempo que han aislado a Zimbabue de la comunidad internacional. A pesar de sus habituales afirmaciones de querer defender la democracia y los derechos humanos, Estados Unidos ha impuesto estas sanciones para castigar al gobierno de Zimbabue por aplicar un programa de reforma agraria.
Tras un viaje al país en 2021 para evaluar el impacto negativo de las sanciones sobre los derechos humanos, la relatora especial de la ONU Alena Douhan señaló que “los servicios de salud seguían siendo deficientes en medio de una infraestructura deteriorada, falta de financiación y escasez de todo tipo de productos sanitarios de primera necesidad”, así como tasas de vacantes superiores al 50% entre el personal sanitario.
En un escrito presentado un año antes, las Misiones Permanentes de la SADC en Ginebra habían declarado que Zimbabue había perdido más de 42.000 millones de dólares en ingresos a lo largo de 19 años y había sufrido una reducción del PIB de 21.000 millones de dólares. “Los significativos progresos que Zimbabue había realizado en el desarrollo de infraestructuras, así como en sanidad, educación y otros sistemas de prestación de servicios sociales se han visto gravemente revertidos”.
Zimbabue no sólo se ha visto privado de unos 100.000 millones de dólares en ayudas de donantes bilaterales, préstamos comerciales internacionales y subvenciones y préstamos de instituciones multilaterales, sino que además el gobierno ha aplicado políticas de austeridad -que han dado lugar a salarios bajos, especialmente en los sectores dominantes de la función pública, como la sanidad y la educación- a instancias de estas mismas instituciones, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo consejo al gobierno de Zimbabue ha sido sistemáticamente reducir la masa salarial y disminuir los costes de empleo.
Mientras países como Zimbabue se ven obligados a aplicar políticas que presionan a la baja los salarios en sectores críticos como la sanidad, los países más ricos del Norte Global pueden recurrir a una reserva cada vez mayor de trabajadores, incluso cuando los trabajadores de sus propios sistemas nacionales de salud luchan por los derechos básicos y un salario digno.
El impacto de estas reformas de austeridad es algo que la OMS aún no ha reconocido adecuadamente, según ha destacado el Movimiento por la Salud de los Pueblos.
La austeridad y las cuestiones relacionadas con la deuda siguen siendo fundamentales para entender las crisis de salud pública en los países del Sur Global, como se reconoció en la Declaración de Abuja, en la que se pedía la continuación de las conversaciones con los acreedores de la deuda “con vistas a garantizar la cancelación total de la deuda externa de África en favor de una mayor inversión en el sector social”.
Abordar los retos de la fuga de cerebros y la escasez de personal sanitario requiere, por tanto, un planteamiento mucho más amplio, que respete los derechos de los trabajadores sanitarios -sindicarse y organizar acción colectiva, cobrar un salario digno, tener acceso a infraestructuras y equipos adecuados e incluso gozar de libertad de movimiento sin ningún tipo de criminalización- y que, al mismo tiempo, aborde los factores que socavan la capacidad de los gobiernos de estos países para promover el desarrollo.
