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El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha dado paso a la ofensiva más agresiva contra la migración en la historia moderna de Estados Unidos, una ofensiva que se extiende mucho más allá de las fronteras del país. Su administración está ampliando rápidamente los esfuerzos de deportación, deteniendo a migrantes en instalaciones en el extranjero y alcanzando acuerdos controversiales con países de América Latina y el Caribe para externalizar la detención y la aplicación de la ley.
Esta extralimitación es especialmente evidente en la Bahía de Guantánamo, donde el ejército estadounidense ha comenzado a retener a migrantes deportados en lo que Trump espera que se convierta en un centro de detención a gran escala.
Las implicaciones jurídicas y de derechos humanos de esta estrategia siguen siendo confusas, al igual que el alcance de la autoridad de Trump para operar centros de detención fuera de suelo estadounidense.
Mientras tanto, su administración está presionando a los gobiernos regionales para que acepten a los migrantes deportados, ofreciendo incentivos económicos o aprovechando su influencia diplomática. Algunos líderazgos, como Bernardo Arévalo de Guatemala y José Raúl Mulino de Panamá, han aceptado cooperar, mientras que otros, como Nayib Bukele de El Salvador, han llegado a ofrecer albergar a los detenidos en sus propios sistemas penitenciarios.
A pesar de la naturaleza distópica de la ofensiva global de Trump, la resistencia va en aumento. Los sindicatos, los movimientos sociales y los partidos políticos ya están tomando medidas; en algunos casos, naciones enteras e incluso coaliciones regionales se están movilizando contra el programa de Trump.
Apenas dos semanas después de la toma de posesión del nuevo presidente, está claro que la represión de Trump contra la migración se encontrará con una feroz oposición, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Bahía de Guantánamo: comienza la crisis legal y humanitaria
La orden de Donald Trump de ampliar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo para albergar a migrantes deportados se está aplicando oficialmente. El primer vuelo con 10 personas venezolanas deportadas aterrizó en la Bahía de Guantánamo el 4 de febrero, según el departamento de defensa. Guantánamo ya cuenta con un centro de detención, pero los migrante deportados serán recluidos por separado de las personas actualmente detenidas.
El plan de Trump para ampliar Guantánamo es bastante ambicioso. Según sus propias declaraciones, su objetivo es detener a 30 000 personas allí. Sin embargo, desarrollar ese tipo de capacidad podría llevar meses de trabajo pesado y amplios recursos. Algunos informes proyectan que el costo para la ciudadanía estadounidense de este plan de detención en el extranjero podría superar los mil millones de dólares.
Por ahora, se han levantado tiendas de campaña para detener a los migrantes. La capacidad actual de detención de migrantes en la Bahía de Guantánamo es de menos de 200, según informa CNN.
El gobierno cubano ha rechazado categóricamente el encarcelamiento de migrantes en la Bahía de Guantánamo, territorio que considera ocupado ilegalmente por Estados Unidos. Y aunque ya hay migrantes detenidos allí, persisten las dudas legales sobre la práctica de transportar a migrantes fuera de Estados Unidos mientras se les sigue deteniendo.
¿Bajo qué jurisdicción legal se encuentra los migrantes en la Bahía de Guantánamo? Si es la de Estados Unidos, entonces se debe garantizar una serie de derechos a las personas detenidas; el centro en sí también debe operar bajo ciertas condiciones y limitaciones. El Departamento de Defensa afirma que su detención en la Bahía de Guantánamo es temporal. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo pueden permanecer legalmente detenidos los migrantes en este lugar, o si su detención allí es siquiera legal en primer lugar.
El 6 de febrero, una coalición de grupos de derechos legales y civiles presentó una solicitud de Libertad de Acceso a la Información (FOIA) para obtener detalles sobre la naturaleza, las condiciones y los términos del confinamiento de la población migrante detenida en Guantánamo.
A medida que Trump comienza a hacer realidad su programa antiinmigrante, siguen surgiendo complicaciones.
El plan de deportación masiva de Trump se enfrenta a barreras legales y políticas
Uno de los mayores obstáculos para Trump ha sido la exigencia de condiciones humanas durante el retorno forzoso, por parte de los países de origen de los migrantes. Tras un tenso desencuentro con el presidente colombiano, Gustavo Petro, Trump citó los desafíos en el trato con las naciones de origen como un factor importante en su decisión de ampliar la capacidad de detención de la Bahía de Guantánamo.
Sin embargo, parece que la Bahía de Guantánamo por sí sola no será una solución adecuada para la creciente ofensiva migratoria de la administración Trump.
Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, continúa su gira por América Latina y el Caribe, uno de los objetivos clave de sus reuniones ha sido conseguir el apoyo de los jefes de Estado para el plan de deportación masiva de Trump.
Guatemala se une a la red de deportación de Trump
El 5 de febrero, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que su país está dispuesto a aceptar a migrantes de otras nacionalidades que sean deportadas de Estados Unidos bajo la administración Trump.
Durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio el miércoles, Arévalo anunció un nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, por el cual Guatemala se convierte en un tercer lugar de deportación, desde donde los migrantes serán eventualmente devueltos a su país de origen a expensas de Estados Unidos.
El trato parece haber satisfecho a Marco Rubio. Pero Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina, dice que este acuerdo es peor que el acuerdo de “tercer país seguro” que estaba en vigor anteriormente. Antes, la implicación era que las personas solicitantes de asilo serían recibidas mientras se tramitaba su asilo en EEUU.
“La oferta de este gobierno significa que continuarán con el proceso de devolución de las personas migrantes a su país de origen… alinearse con la política antiinmigrante de Trump implica una pérdida de soberanía”, estableció Barrientos.
Añadió que este enfoque no aborda la raíz del problema: la pobreza, la falta de respeto a los derechos humanos y la violencia.
“¿Por qué el gobierno de Trump no impone restricciones y sanciones a fabricantes y comerciantes de armas? […] si realmente quiere contribuir. ¿Por qué no prohíbe el envío de armas y el comercio de armas con cualquier país del mundo? No lo hace porque eso conviene a los intereses del aparato industrial militar estadounidense”.
Antes de cerrar este acuerdo con Guatemala, Rubio recibió una oferta aún más generosa de otro país de la región.
La megacárcel de El Salvador: la oferta de Bukele a Trump
El 3 de febrero, durante la visita del secretario de Estado a El Salvador, el presidente Nayib Bukele “ofreció a Estados Unidos la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario… a cambio de una tarifa”. Bukele se ofreció a aceptar a migrantes de cualquier nacionalidad que sea deportada de EEUU.
También se ofreció a aceptar a personas nacidas en Estados Unidos y encarceladas en el país. Una práctica que sería ilegal según las leyes penitenciarias estadounidenses actuales.
Serían recluidas en lo que el presidente llama la “megacárcel” de El Salvador; oficialmente conocida como Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT). La prisión masiva es el sello distintivo de la administración de Bukele.
Bukele creó el CECOT en 2023 y comenzó una campaña de encarcelamiento masivo para responder a la violencia y la delincuencia que habían asolado el país durante décadas. El Salvador es, en efecto, mucho más “segura” hoy en día, pero ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, superando incluso a Estados Unidos. Ha arrastrado a decenas de miles de jóvenes a lo que defensores de los derechos humanos han descrito como un “pozo de cemento”.
Ahora, Bukele ha ofrecido a Estados Unidos el servicio que su país perfeccionó con fines de lucro.
Movimientos sociales, como el Bloque de Resistencia y la Rebelión Popular, han condenado la oferta de Bukele a EEUU, alegando que vulnera la soberanía de la nación:
“Mientras el gobierno de Donald Trump viola los derechos de nuestra gente y de otras poblaciones migrantes, Bukele se comporta como un sirviente de ese gobierno” declaró el grupo en un comunicado. “Lo que el pueblo quiere es que se respeten los derechos de nuestra gente en EE. UU. y que se libere a las miles de víctimas del estado de excepción en nuestro país y que cese la persecución política”.
Ni Trump ni Rubio han indicado si tienen intención de aceptar el acuerdo de Bukele. Sin embargo, ambos elogiaron las ideas del presidente salvadoreño.
“Si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría sin pensármelo dos veces”, dijo Trump durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval.
El papel de Panamá en la maquinaria de deportación de Trump se enfrenta a la Resistencia
Durante la visita de Rubio a Panamá el 1 de febrero, el presidente Mulino acordó explorar la posibilidad de ampliar su anterior acuerdo de migración con EEUU. Esto significaría que los migrantes que pasen por Panamá de camino a EEUU podrían ser detenidos allí y devueltos a su país de origen a la fuerza.
Uno de los nuevos acuerdos que Mulino aceptó fue que Estados Unidos tomara el control de una pista de aterrizaje clave en Darién, una zona de selva tropical que limita con el Océano Pacífico y Colombia. En los últimos años, esta se ha convertido en una ruta clave, pero peligrosa, para miles de migrantes de todo el mundo que buscan llegar a Estados Unidos a pie. Estados Unidos quiere utilizar esta pista de aterrizaje como pieza fundamental en el aparato de deportación masiva de Trump.
“He ofrecido la zona de la pista Nicanor, el Metetí, Darién, para que sea desde donde se abastezca el proceso de repatriación de personas de diferentes partes, como Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades”, dijo el presidente Mulino en una entrevista.
Saúl Méndez, líder de SUNTRACS (Sindicato Nacional Unificado de Trabajadores de la Construcción y Similares) explicó las consecuencias de la cooperación de su gobierno con el plan de deportación masiva de Trump:
“Se va a crear un campo de concentración de personas refugiadas en el Darién. Es una base militar gringa [encubierta] donde pueden aterrizar aviones de guerra estadounidenses… para atacar a otros pueblos latinoamericanos”.
El movimiento obrero organizado de Panamá ha prometido seguir resistiendo la influencia estadounidense en su país mientras lucha por su soberanía y autodeterminación.
Sin embargo, la cruzada antimigrante de Trump no se limita a América Latina y el Caribe. Hasta 750,000 migrantes de la India residen en EEUU sin los papeles necesarios, lo que les convierte en el tercer grupo de migrantes indocumentados más grande, después de México y El Salvador.
India atrapada en la red de deportación de Trump
El primer vuelo de deportación de población migrante india esposada llegó a la ciudad de Amritsar, en el norte de la India, el 5 de febrero.
El gobierno de extrema derecha de Modi ha cooperado plenamente con el programa de deportación masiva de Trump. Los medios de comunicación indios han citado a las autoridades repitiendo los argumentos antimigrantes de Trump, como que la población migrante indocumentada fomenta la delincuencia (esta población comete delitos en proporciones mucho menores que las personas nacidas en Estados Unidos).
La cooperación del gobierno de Modi y el trato a los migrantes de la India ha provocado la indignación de activistas y líderes de la oposición. Un ministro del gobierno provincial de la provincia de Punjab, de donde proceden la mayoría de las personas deportadas, declaró que los migrantes han apoyado la economía estadounidense y que, a cambio, merecen la “residencia permanente”.
Implicaciones más amplias de la política exterior de Trump
Todavía existe una gran ambigüedad en torno a los detalles del aparato antimigrante de Trump. Especialmente los términos y limitaciones de los terceros sitios en el extranjero:
- ¿Qué nacionalidades serán detenidas en estos centros?
- ¿Qué cualifica a una persona para ser enviada a estos centros?
- ¿Podrían estas medidas incluir a personas que ya han sido detenidas en centros?
- ¿Qué derechos y procesos legales se concederán a las personas detenidas?
- ¿Cuánto tiempo permanecerán en estos centros?
- ¿Cuáles serán las condiciones en los centros?
Si algo está claro, es que la expansión de Trump de la aplicación de la ley de migración más allá de las fronteras de Estados Unidos no tiene precedentes.
El transporte y la detención de migrantes en la Bahía de Guantánamo ha suscitado serias preocupaciones legales y de derechos humanos. La confianza de Trump en los acuerdos con países de América Latina y el Caribe ya está encontrando resistencia. Si no de los propios jefes de Estado, sí de los sindicatos y movimientos sociales de los países cooperantes, que ven estos acuerdos como violaciones de su soberanía nacional y de los derechos humanos.
El uso de pistas de aterrizaje, centros de detención masiva y deportaciones a través de bases militares presagia una política de migración estadounidense cada vez más militarizada y expansiva.
Estos acontecimientos también representan una escalada importante en la política exterior de EE. UU., que continúa aplicando sanciones unilaterales, operaciones de cambio de régimen, entre otras intervenciones en Venezuela, Cuba y otros países de la región. Durante décadas, esta política de línea dura y la imposición de políticas neoliberales en América Latina y el Caribe ha producido la misma población migrante que hoy está siendo atacada. Sin embargo, en su negativa a establecer relaciones oficiales con gobiernos como el de Venezuela, Estados Unidos está optando por deportar a sus migrantes, no de vuelta a su país, sino a terceros lugares en el extranjero como la Bahía de Guantánamo.
Aumenta la resistencia contra la ofensiva global de Trump contra la inmigración
Dado el alcance alarmante y desenfrenado de la guerra de Trump contra la población migrante, los desafíos legales son casi inevitables. Sin embargo, la resistencia popular también está aumentando en los frentes regional y nacional.
El 3 de febrero, la ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) se comprometió a reforzar su colaboración contra el ataque de la política exterior estadounidense, especialmente el programa de deportación masiva de Trump. Muchos países de la región también se han opuesto públicamente a la agenda de Trump y han tomado medidas para garantizar la dignidad de sus migrantes.
En el mismo Estados Unidos, está creciendo un movimiento masivo contra las deportaciones y el programa de extrema derecha de Trump. Con protestas casi diarias en varias ciudades.
A medida que se expande la represión internacional de Trump, remodelando la política de migración y los derechos humanos a escala global, también lo hace la resistencia contra ella. Desde los gobiernos latinoamericanos que rechazan las políticas de Trump hasta los movimientos de base que se movilizan en toda la región y dentro de Estados Unidos, la batalla por el derecho a la migración se está convirtiendo en una lucha global histórica.
