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Venezuela, bajo las amenazas tras los ataques del 03 de enero, y en perspectiva junto al espejo histórico que significa Irán, nos permite estudiar los modelos del nacionalismo petrolero clásico y de la resistencia pragmática. Pero más allá de la economía, emerge la tesis planteada por algunos analistas: el petróleo venezolano e iraní no es solo un negocio, es la munición vital en el escenario de guerra que se plantea los Estados Unidos.
La Reforma de 2026: ¿Privatización o salvavidas táctico?
Para entender la reforma actual, hay que mirar los números rojos. En 2014, Venezuela tenía ingresos cercanos a los 40 mil millones de dólares anuales por petróleo. Tras las sanciones de los Estados Unidos y el bloqueo financiero, esa cifra se desplomó a apenas 740 millones en 2020. El Estado, propietario del recurso, se quedó sin capacidad para extraer y sin bancos para cobrarlo.
La respuesta fue la Ley Antibloqueo de 2020, de donde nacieron los Contratos de Participación Petrolera (CPP). Según los insumos de la reciente reunión de alto nivel, los CPP no son concesiones tradicionales. Son acuerdos de servicios donde el privado invierte y opera, cobrando su inversión directamente con producción física (barriles), eliminando la transacción financiera que EE.UU. pudiera bloquear.
El Gobierno defiende el éxito del modelo: los ingresos en cinco años se incrementaron a la cifra récord de 14 mil millones de dólares en 2025 que, aunque lejos de los ingresos históricos, se alejaron considerablemente de los 740 millones del peor momento de 2019. La reforma busca ahora darle rango legal a este mecanismo, sacándolo de la excepcionalidad, que muchas veces colocaba al Estado venezolano en situación de desventaja. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, lo resume como una “flexibilización de aranceles” en la que el privado pone el capital y el Estado mantiene la soberanía del yacimiento. Mientras en Caracas se discute la nueva base legal para adaptarse a las nuevas condiciones de las relaciones energéticas con los EE.UU., desde Washington, Donald Trump lanzaba el pasado 23 de enero un mensaje que confirma el cambio de postura del presidente estadounidense en cuanto a la geopolítica petrolera, “Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo… mayor que la de Arabia Saudita”, sugiriendo que EE.UU. podría hacer “mucho dinero” con esta relación pragmática.
El choque de visiones y la crítica interna
La reforma ha despertado algunas críticas. El exministro de petróleo, Rafael Ramírez, quien tiene acusaciones en Venezuela por hechos de corrupción, calificó la medida este 27 de enero como una “derogación de la nacionalización del 76”. Para quienes han defendido históricamente el nacionalismo petrolero, los CPP en el marco de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, entregan el control operativo – que consideran el valor real – a las transnacionales.
El Gobierno contraargumenta desde el “pragmatismo de guerra”: el modelo de 2006 (con 90% de renta para el Estado) era ideal en paz, pero inviable bajo asedio. El nuevo esquema asegura entre un 65-70% de la renta y, lo más importante, mantiene la industria viva. Lo que significa un retroceso forzado por las circunstancias para evitar la asfixia total.
La Nueva Guerra Fría: el factor China
Aquí entra en juego la dimensión global. ¿Por qué Donald Trump y Washington muestran ahora una tolerancia tácita hacia este modelo venezolano (como se ve con las licencias a Chevron) mientras mantienen la retórica dura? La respuesta podría estar en que el objetivo es contener a China.
Varios análisis, incluyendo los de conservadores como Tucker Carlson, han planteado una tesis que resuena en los medios y centros de estudios de la geopolítica: los Estados Unidos se prepara para un conflicto cinético o comercial a gran escala con China. En este escenario, el control de las reservas petroleras venezolanas deja de ser un tema de mercado para convertirse en seguridad nacional pura.
Carlson advierte que la administración Trump ve inaceptable que las mayores reservas del mundo (Venezuela) y una de las llaves del Golfo Pérsico (Irán) estén surtiendo a China. “El petróleo está yendo a China… debería venir a nosotros”, es la lectura que subyace en la nueva doctrina de Washington.
Bajo esta óptica:
Corte de Recursos al enemigo: El objetivo ya no es solo “cambiar el régimen” en Caracas por razones “democráticas”, sino desacoplar a Venezuela de China. Si los CPP y las licencias permiten que el crudo venezolano fluya hacia el Golfo de México (EE.UU.) en lugar de Shanghái, Washington gana una batalla estratégica sin disparar una bala.
El Caso Iraní: Con Irán, la situación es más volátil. Carlson sugiere que la hostilidad hacia Teherán busca cortar la principal arteria energética segura de China en Medio Oriente. Controlar o neutralizar el petróleo iraní es dejar a la maquinaria industrial y militar china vulnerable a un bloqueo naval. Y controlar a la vez las vías de suministro.
Esta “Nueva Guerra Fría” explica la paradoja actual: los EE.UU., aunque convirtiendo al Caribe en una gran base militar, permite que Venezuela respire económicamente (a través de Chevron y en el futuro, la participación de otras grandes empresas estadounidenses), porque prefiere una Venezuela pragmática que venda al Norte, antes que una Venezuela no alineada, que sea un proveedor energético seguro de China y, en lo financiero, contribuya a colocar la lápida al dólar como moneda de intercambio global.
El espejo histórico: Irán y Venezuela (el “Petroleumscape”)
Esta dinámica no es nueva. Venezuela e Irán comparten un “paisaje petrolero” histórico. Ambos sufrieron golpes de Estado orquestados por Occidente cuando intentaron nacionalizar sus recursos (1948 y 1953). Ambos fundaron la OPEP en 1960 para defenderse.
En estos últimos años, la alianza Caracas-Teherán ha sido existencial. Irán enseñó a Venezuela a navegar las sanciones (flotas encubiertas, reparación de refinerías, entre otras). Ahora, ambos países se encuentran en el vórtice de la disputa EE.UU.-China. La reforma legal en Venezuela es, en el fondo, una maniobra para sobrevivir en este tablero: asegurar flujo de caja propio para aliviar la amenaza estadounidense, aunque la gravedad geopolítica empuje inevitablemente a mayor presión desde Washington para ambos países.
Son más de 100 años de esta historia
La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos es mucho más que un ajuste técnico; es un acto de supervivencia en la antesala de un conflicto global mayor. Venezuela sacrifica parte de su renta y control operativo (lo que ya venía haciendo via CPP con la Ley Antibloqueo) para reinsertarse en el mercado occidental e intentar bordear el cerco.
Al final, en la guerra por la hegemonía mundial que emprendió Washington y que ve en Beijing a su principal contendiente, el petróleo venezolano e iraní son los trofeos estratégicos definitivos. Venezuela y sus 100 años de historia petrolera, como empezamos a estudiar, es uno de los campos de batalla.
Carmen Navas Reyes es una politóloga venezolana, con maestría en Ecología para el Desarrollo Humano (UNESR). Actualmente cursa un doctorado en Estudios de Nuestra América en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) en Venezuela. Forma parte del Consejo Asesor Internacional del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
Este artículo fue elaborado por Globetrotter.
