El vicepresidente de la junta sudanesa intensifica la retórica contra las víctimas de la violencia en Darfur

En las dos últimas semanas, más de 16.000 personas se han visto desplazadas en una nueva ronda de violentos ataques en Darfur en los que paramilitares, Fuerzas de Apoyo Rápido, han desempeñado supuestamente un papel clave. Ahora su jefe y segundo al mando de la junta sudanesa, el general Hemeti, ha amenazado con desmantelar los campos de refugiados

January 16, 2023 by Pavan Kulkarni
Víctimas de la violencia en los campos de Darfur. Foto: Red de Seguimiento y Documentación de Darfur

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El vicepresidente de la junta militar que gobierna Sudán, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, ha amenazado con disolver los campos de refugiados y desplazados internos de la región de Darfur.

En un discurso pronunciado el 3 de enero, Hemeti afirmó que se habían almacenado armas en su interior, y aumentó las amenazas contra las mismas personas que llevan dos semanas sufriendo ataques en el estado de Darfur Meridional por parte de la tristemente célebre milicia respaldada por el Estado y bajo su mando, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés).

La actual oleada de ataques comenzó el 21 de diciembre y alcanzó su punto álgido el 23 de diciembre. Los ataques han continuado con menor intensidad desde entonces, incluido el 5 de enero, cuando, según la Coordinación General de Desplazados y Refugiados, otros tres desplazados internos resultaron heridos por disparos efectuados por miembros de las RSF.

Al menos 21 personas han muerto en estos ataques durante las dos últimas semanas, según declaró a Peoples Dispatch Adam Rojal, portavoz de la Coordinación General de Desplazados y Refugiados. Hay más de 50 heridos y unas 16.500 personas han sido desplazadas -o desplazadas de nuevo- en la violencia que ha arrasado más de dos docenas de aldeas de la localidad de Beleil, al este de Nyala, la capital de Darfur del Sur.

“11 aldeas están completamente quemadas y saqueadas”, dijo. Otras cuatro aldeas están parcialmente destruidas. Otras nueve aldeas fueron saqueadas cuando la población había huido. Estas aldeas estaban habitadas por pueblos agrícolas que habían sido desplazadas en el punto álgido de la guerra civil de Darfur, en 2003 y 2004, y se habían visto obligadas a refugiarse en diferentes campos para desplazados internos en el sur de Darfur.

Sin embargo, después de que las organizaciones internacionales dejaran de proporcionarles ayuda, sus raciones de alimentos se redujeron en más de un 80% en 2017, lo que obligó a la mayoría de ellos “a volver a la agricultura en las zonas en las que solían vivir y cuyas tierras son cultivables”, explicó Rojal.

Ahora, obligados a volver a los campamentos y otros refugios de Beleil y localidades cercanas, viven actualmente en condiciones precarias, sin acceso a saneamiento, agua potable y medicinas, explicó Rojal, pidiendo ayuda humanitaria internacional urgente. Ningún organismo gubernamental les proporciona alimentos, por lo que dependen totalmente de la caridad de otras personas.

Su regreso a sus tierras, sostiene Rojal, no es aceptable para el Estado sudanés, que intenta provocar un cambio demográfico en Darfur mediante la limpieza étnica de las pueblos de origen “africano” y el asentamiento de otros de habla árabe en dichas tierras.

Aunque ambos grupos no son racialmente distintos, los pueblos de habla árabe son en su mayoría pastores nómadas, mientras que los denominados pueblos indígenas “africanos” son agricultores sedentarios y pastores que hablan las lenguas locales. Aprovechando el conflicto entre esta comunidad de agricultores y pastores por la tierra y el agua, el Estado sudanés reclutó a los nómadas y formó las milicias Janjaweed durante la guerra civil de Darfur. Al menos 300.000 personas murieron en esta guerra civil y más de 2,5 millones fueron desplazadas.

En 2013, los Janjaweed se organizaron en la RSF. Están acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por los que el exdictador Omar al Bashir -derrocado en abril de 2019 tras meses de masivas manifestaciones prodemocráticas a partir de diciembre de 2018- es juzgado en la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, su camarilla de generales -incluido el jefe de la RSF, Hemeti, y el jefe del ejército y líder golpista, Abdel Fattah al Burhan- sigue en el poder.

La violencia se intensificó desde el acuerdo de paz de Juba

Los líderes de la mayoría de los grupos rebeldes armados que reclutaban entre los pueblos campesinos hicieron las paces con el ejército y la RSF a cambio de una participación en el poder del Estado al firmar el acuerdo de paz de Juba en octubre de 2020, e incluso llegaron a apoyar el golpe de Estado un año después.

“Han pasado más de dos años desde el acuerdo de paz de Juba y, desde entonces, los líderes de los antiguos grupos armados ocupan cargos en el gobierno, incluido el gobernador de Darfur, Minni Minnawi”, señaló Rojal. Minnawi es el líder de la mayor facción de un grupo rebelde, el Ejército de Liberación de Sudán (ELS).

Sin embargo, la violencia contra las comunidades agrícolas -a las que los antiguos grupos rebeldes decían representar- no ha hecho más que intensificarse con el respaldo de la RSF y otras milicias, desplazando a varios cientos de miles de personas desde el acuerdo.

La violencia comenzó el mes pasado, cuando un grupo de campesinos que regresaba del mercado semanal a su aldea, Amuri, fue baleado por milicianos montados en camellos, lo que causó un muerto y tres heridos.

Al día siguiente, “los habitantes de la región salieron para localizar a los autores, y llegaron a una de las zonas que albergaba a miembros de la milicia Al-Furqan”, respaldada por la RSF, explicó Rojal. En el enfrentamiento que se produjo hubo heridos y muertos en ambos bandos.

A continuación, el 23 de diciembre, “se produjo un ataque integral” desde todas las direcciones por parte de la RSF, que arrasó más de dos docenas de aldeas. Saquearon ganado y propiedades, y quemaron por completo las cosechas que no pudieron saquear. Los atacantes, dijo, “reciben apoyo técnico, estratégico y logístico del Estado, porque son la milicia del Estado”.

Ese día, la RSF comenzó una conferencia de ocho días en Nyala, cuyo propósito, según el medio de comunicación estatal, SUNA, era “mejorar el rendimiento para apoyar los proyectos de paz, desarrollo [y] seguridad”.

Siguió un “severo asedio” a la zona de Fasha, en Beleil, durante dos días, y los habitantes de esta región, “incluidos mujeres y niños, quedaron incapacitados sin comida ni agua”, añadió Rojal.

Hemeti lanza nuevas amenazas a las víctimas desplazadas y a su líder electo

Hemeti, que llegó a Nyala el 29 de diciembre, hacia el final de la conferencia, dio declaraciones contradictorias. Por un lado, afirmó que todos los miembros uniformados de la RSF que aparecían en los diversos vídeos del ataque habían sido detenidos. Por otro lado, afirmó que los uniformes de la RSF eran fáciles de conseguir en todo el país y que se habían utilizado indebidamente para denigrar a esta milicia, distanciando así a sus verdaderos miembros de los atentados.

Afirmando además que las fuerzas con uniforme de la RSF habían cruzado desde la República Centroafricana (RCA), anunció el cierre de la frontera a principios de este mes, el 2 de enero de 2023, durante la firma de un “acuerdo de cese de hostilidades” entre los líderes de las dos tribus.

El director del Colegio de Abogados de Darfur, Saleh Mahmoud, declaró a Radio Dabanga que “las reconciliaciones tribales en Darfur son superficiales y frágiles, y no reflejan necesariamente las demandas reales de las víctimas”. Mahmoud afirmó que se presionó a los líderes comunitarios para que firmaran este acuerdo. Los críticos han señalado a menudo que lo que está ocurriendo en Darfur no es un conflicto tribal, sino que lo presenta como tal el gobierno, que está llevando a cabo una campaña de despoblación contra las comunidades agrícolas de las tierras ricas en minerales.

Aunque reconoció que, según el Acuerdo de Paz de Juba, la localidad de Beleil pertenecía a la comunidad de agricultores que había sido atacada, añadió que “la no aceptación del otro”, es decir, de los pastores nómadas con los que el régimen intenta sustituirlos, “conducirá al desmoronamiento del país”.

El acuerdo de cese de hostilidades que se obligó a firmar a los líderes del pueblo de agricultores “pretende ocultar a los verdaderos culpables y legaliza nuevos asentamientos de pastores”, afirmó Abdelbadi Abakar, miembro de la Sala de Emergencia de Ayuda a las Víctimas de Beleil.

Aunque Hemeti ha pedido a las víctimas desplazadas de Beleil que regresen a sus hogares -que en su mayoría han sido saqueados o incendiados-, los continuos ataques de los miembros de sus milicias los han hecho extremadamente peligrosos.

Después, el 3 de enero, pidió la disolución de los campos de desplazados, acusándolos de tener armas. “Consideramos estas declaraciones como una declaración explícita de guerra contra los desplazados desarmados, matándolos y apuntando a sus líderes, con el objetivo de liquidar los campamentos”, rezaba una declaración de la Coordinación General de Campamentos de Desplazados y Refugiados el 4 de enero.

Estos campos, añadía la declaración, acogen a testigos de “los crímenes de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” por los que se juzga al ex dictador Al Bashir. Estos crímenes, que comenzaron en 2003, “continúan con los actuales gobernantes”, cuyo objetivo es “provocar un cambio demográfico en Darfur” y eliminar a todos los testigos, afirmó Rojal.

Hemeti también atacó personalmente al Coordinador General de los campos de desplazados y refugiados, Sheikh Jacob Muhammad Abdullah, acusándolo de haber matado a dos de sus primos. Jacob Muhammad “fue elegido por los desplazados y refugiados como coordinador general de los campos de desplazados y refugiados. No llegó a este cargo con un golpe militar”, señala el comunicado de la Coordinación General. “Es una de las víctimas y supervivientes del genocidio de las milicias Janjaweed”.

“También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que aplique la Resolución nº 1556 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2004”, que exige el desarme inmediato de todas las milicias Janjaweed, añade el comunicado.

Sin embargo, la “comunidad internacional” se ha preocupado de engatusar a los partidos de derechas y a la junta militar para que lleguen a un acuerdo de reparto del poder, mediante el cual se pueda dar un rostro civil al gobierno militar. Como paso inicial hacia este fin, se firmó un acuerdo marco entre estos partidos de derechas de la coalición denominada Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC por sus siglas en inglés).

Este acuerdo entre la Junta y las FFC -que ya habían compartido el poder con los militares desde agosto de 2019 hasta que fueron expulsadas por el gobierno en el golpe de octubre de 2021- no puede abordar la crisis de Darfur, señaló Rojal.

“Sin justicia”, lo que no puede garantizarse bajo ningún acuerdo en el que los militares ostenten el poder del Estado, “no habrá coexistencia ni paz”, dijo Rojal, haciendo hincapié en la necesidad de desmantelar la RSF y “entregar a todos los criminales para que sean juzgados” en la CPI.

Traducción: Martín Varese