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El 6 de junio de 2021 fue una fecha que conmocionó a muchos en la oligarquía peruana. Pedro Castillo Terrones, un maestro rural que nunca antes había sido elegido para un cargo público, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más del 50,13% de los votos. Más de 8,8 millones de personas votaron por el programa de Castillo – que incluía profundas reformas sociales y la promesa de una nueva constitución – frente a la candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori. En un giro dramático de los acontecimientos, el programa histórico de neoliberalismo y represión, transmitido por el ex dictador peruano Alberto Fujimori a su hija Keiko, fue rechazado en las urnas.
Desde ese día, aún incrédula, la oligarquía peruana le declaró la guerra a Castillo. Convirtieron los siguientes 18 meses en un período de gran hostilidad para el nuevo presidente, intentando desestabilizar su Gobierno con un ataque múltiple que incluía un importante uso de la guerra legal. Llamando a “botar el comunismo”, la Sociedad Nacional de Industrias (el principal grupo empresarial de la oligarquía) diseñó su plan para que el país fuera ingobernable por Castillo.
En octubre de 2021, se hicieron públicas grabaciones que revelaban que desde junio de 2021, este grupo de empresarios, junto con otros miembros de la élite peruana y líderes de los partidos de la oposición de derechas, habían estado planeando una serie de acciones que incluían el financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del Gobierno y a periodistas de izquierda.
La derecha en el Congreso se sumó a estos planes e intentó destituir a Castillo en dos ocasiones durante su primer año de mandato. “Desde mi toma de posesión como presidente, el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio el pueblo peruano”, dijo Castillo en marzo de 2022. “Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización y el control político, sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas”, enfatizó. Resulta que varios de estos legisladores, con el apoyo de una fundación alemana de derecha, también se habían estado reuniendo para ver cómo modificar la Constitución para destituir rápidamente a Castillo.
La clase gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro de escuela rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por millones de pobres, negros e indígenas que veían en Castillo su esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, ante estos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Castillo formó cuatro gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el statu quo. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la ya desacreditada Organización de Estados Americanos para buscar soluciones políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda peruana.
La crisis final para Castillo estalló el 7 de diciembre de 2022. Debilitado por meses de acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos de criminalizarlo, Castillo fue finalmente derrocado y encarcelado. Fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo después de que el Congreso destituyera a Castillo con 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones.
La votación se produjo algunas horas después de que el país recibiera el anuncio televisado de que Castillo disolvería el Congreso. Lo hizo de forma preventiva, tres horas antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar una moción de destitución por “incapacidad moral permanente” debido a las denuncias de corrupción que se investigan. Castillo también anunció el inicio de un “Gobierno excepcional de emergencia” y la convocatoria de una Asamblea Constituyente en un plazo de nueve meses. Dijo que, hasta que se instalara la Asamblea Constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como presidente, también decretó el toque de queda a partir de las 10 de la noche. El toque de queda, al igual que sus otras medidas, nunca se aplicó. Horas después, Castillo fue derrocado.
Boluarte se juramentó ante el Congreso mientras Castillo era detenido en una comisaría. En la capital, Lima, estallaron algunas manifestaciones, pero ninguna lo bastante multitudinaria como para revertir el Golpe, que llevaba casi un año y medio gestándose, el último en la larga historia de violencia de América Latina contra las transformaciones radicales.
El Golpe contra Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de Gobiernos progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los eligieron. Este Golpe y la detención de Castillo son un duro recordatorio de que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha asentado, los únicos ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington.
Manolo De Los Santos es codirector ejecutivo del People’s Forum e investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Coeditó, recientemente, Viviremos: Venezuela vs. Hybrid War (LeftWord Books/1804 Books, 2020) y Comrade of the Revolution: Selected Speeches of Fidel Castro (LeftWord Books/1804 Books, 2021). Es co-coordinador de la Cumbre de los Pueblos por la Democracia.
Este artículo fue producido para Globetrotter.
