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El 30 de octubre de 2023, las autoridades israelíes dijeron que habían asesinado a “docenas” de combatientes de Hamás en los primeros días de su invasión terrestre. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza se ha esforzado por mantener en línea su página web, a pesar de la falta de electricidad, de Internet y los ataques. El mediodía del 29 de octubre, el Ministerio de Salud declaró que el número de muertos en Gaza asciende ya a 8.005 (de los cuales el 67% son mujeres y niños). Para quienes duden de las cifras, el Ministerio de Salud ha estado publicando listas de los muertos con sus números de identificación israelíes (como consecuencia de la ocupación, los palestinos que nacen en Gaza deben ser registrados no por la Autoridad Palestina, sino por Israel). Save the Children asegura que los niños y niñas que han sido asesinados en estas tres semanas por los bombardeos israelíes (3.195) son más que el total de niños y niñas asesinados en todas las zonas de conflicto desde 2019.
La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) dijo que – hasta el domingo 29 – de los 2,3 millones de palestinos, 1,4 millones eran desplazados internos, con 671.000 refugiados en 150 instalaciones de la UNRWA. La mayoría de los asesinados con bombas y proyectiles de tanque israelíes han sido civiles. La proporción de muertos entre combatientes (pocos) y civiles (muchos) es asombrosa, muy superior a la que tiene lugar en una guerra (en contraste, de los 1.400 israelíes asesinados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones, el 48,4% eran soldados). Al afirmar que han matado a “docenas” de militantes de Hamás – el supuesto objetivo – y haber matado al mismo tiempo a miles de palestinos, las autoridades israelíes han admitido ante el mundo que su guerra ha causado muchas más muertes de civiles que de combatientes.
Mientras tanto, el ejército israelí ha enviado sus excavadoras a destruir viviendas y empresas en el norte de Gaza, así como en la ciudad cisjordana de Yenín. Poco de esta maniobra parece una operación militar, ya que estas casas y negocios no son instituciones militares. Dada la historia del derribo de viviendas en Cisjordania para crear asentamientos y el “muro del apartheid”, este derribo en Gaza y Yenín parece más bien una campaña civilizacional masiva de limpieza étnica para crear lo que la clase política israelí llama el Gran Israel (Eretz Yisrael Hashlema). La clase política israelí es famosa por decir que quiere cambiar los “hechos sobre el terreno” para que cualquier negociación con los palestinos ocupados se base en esos “hechos” y no en “reivindicaciones”. Esto es lo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lleva décadas haciendo mediante los asentamientos ilegales en Cisjordania: borrar el hecho de las reivindicaciones palestinas sobre su tierra y establecer el derecho de los israelíes a toda la masa continental desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Efectivamente, la clase política israelí parece estar utilizando el conflicto que comenzó el 7 de octubre como pretexto para hacer lo que había planeado hacer durante décadas, a saber: borrar a los palestinos de la Palestina histórica y borrar a la nación palestina como entidad.
Dos Estados, un Estado, tres Estados
Cuando las fuerzas políticas palestinas aceptaron un “proceso de paz” que desembocó en el Acuerdo Provisional de El Cairo (1994) y los Acuerdos de Oslo (1994), adoptaron lo que se conoció como la “solución de dos Estados” a la ocupación israelí de Palestina. El esquema básico de los Acuerdos de Oslo era que una Autoridad Palestina (AP) gobernaría el territorio arrebatado por Israel en 1967 (Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania). Según el profesor Haider Eid, residente en Gaza, los Acuerdos de Oslo crearon un “bantustán” (como las “patrias africanas” creadas por la Sudáfrica del apartheid). El establecimiento de la AP implicaba que neutralizaría las reivindicaciones palestinas reales sobre la tierra (incluido el derecho al retorno de los refugiados palestinos, establecido por la resolución 194 de la ONU en 1948) y, al mismo tiempo, permitiría al Estado israelí cambiar los “hechos sobre el terreno” mediante la creación de más y más asentamientos ilegales. Además, tras la Segunda Intifada (2000-2005), Israel eliminó el requisito de “paso seguro” de Oslo que permitía a los palestinos de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania viajar a través de estas zonas. En 2005, Israel había anulado los Acuerdos de Oslo, aunque la clase política palestina seguía vinculada a ellos como único resquicio de esperanza para la creación del Estado de Palestina (aunque fuera un pequeño fragmento de la Palestina histórica).
La realidad de la “solución de dos Estados” desapareció a medida que aumentaban los asentamientos en Cisjordania, que el control palestino sobre Jerusalén Este era absorbido cada vez más por Israel, que se dejaba de lado el derecho al retorno y que Gaza era bombardeada casi todos los años. En ese contexto, varios intelectuales palestinos empezaron a plantear la cuestión de la “solución de un solo Estado”, con un Estado palestino-israelí basado en una idea de ciudadanía no étnica, laica y democrática. En 2021, la mayoría de los estudiosos de la región afirmaban que los hechos reales demostraban que Israel era “una realidad de un solo Estado similar al apartheid”. La idea de que Israel es un Estado de apartheid está ahora bien establecida en los documentos de las Naciones Unidas y en los informes sobre derechos humanos. Esta evaluación demuestra dos cosas: en primer lugar, que Israel y los Territorios Palestinos Ocupados ya son “un Estado” y, en segundo lugar, que se trata de un Estado de apartheid con los palestinos en una categoría de segunda clase. Los defensores de la “solución de un solo Estado” sostienen que la realidad de un Estado singular exige ya la igualdad de ciudadanía para todos los que viven en Israel/Palestina. La actual clase política israelí se niega a aceptar la idea de un Estado único democrático y laico, porque está aferrada a un proyecto etnonacionalista de un “Estado judío” que borra la posibilidad de una ciudadanía plena para los cristianos y musulmanes palestinos.
Si la “solución de dos Estados” ya no es práctica y si la “solución de un Estado” está bloqueada por la clase política israelí, entonces lo único que les queda a Netanyahu y a otros es la “solución de tres Estados”. Esta es la solución que pretende expulsar a gran parte de la población palestina de Jerusalén Este, Gaza, Cisjordania y quizás incluso del interior de las líneas de Israel de 1948 y enviarlos a los tres Estados de Egipto, Jordania y Líbano. Las excavadoras que vienen detrás de los tanques en Gaza intentan empujar a los refugiados palestinos (el 70% de ellos son descendientes de los enviados a Gaza en la Nakba o Catástrofe de 1948) a través del paso fronterizo de Rafah hacia la península egipcia del Sinaí. Esta “solución de tres Estados” es precisamente limpieza étnica, un crimen según el derecho internacional. Durante décadas, la clase política israelí ha estado dispuesta a llevar a cabo políticas genocidas – incluido este bombardeo de Gaza – para facilitar su proyecto de Estado etnonacional y de apartheid que requiere la eliminación de las y los palestinos y de Palestina.
En 2014, tras la Operación Margen Protector de Israel, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre la situación en Palestina. De esta investigación no salió gran cosa. Durante el actual ataque a Gaza, el fiscal Karim A. A. Khan acudió al paso fronterizo de Rafah y afirmó que el bloqueo por parte de Israel de la ayuda humanitaria a Gaza podría constituir un delito bajo la jurisdicción de la CPI. De hecho, el hecho del apartheid ya es un delito en virtud del Estatuto de Roma de 2002 que creó la CPI. Tanto la “realidad de un Estado afín al apartheid” como la “solución de tres Estados” de limpieza étnica son delitos graves que requieren investigación. ¿Pedirá Khan a los jueces de la CPI que dicten órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus colegas?
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power (con Noam Chomsky).
Este artículo fue producido para Globetrotter.
