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Kenia ha suspendido un despliegue policial en Haití para formar parte de una misión respaldada por Estados Unidos y la ONU, poco después de que el primer ministro y presidente de facto del país caribeño, Ariel Henry, anunciara su decisión de dimitir el 11 de marzo.
Abraham Korir Sing’Oei, secretario principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia, declaró el 12 de marzo que el despliegue estaría “supeditado a la situación sobre el terreno, y la situación crítica sobre el terreno es que tiene que haber una autoridad que pueda servir de base para un despliegue policial, que goce de autoridad constitucional en Haití”.
Henry había asumido el poder tras el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. La transición, que se produjo sin el consentimiento del pueblo haitiano, que en aquel momento había organizado protestas masivas contra los intentos de Moïse de prolongar su mandato, fue rápidamente sancionada por las potencias occidentales, incluido Estados Unidos.
En el periodo siguiente se produjo un aumento de la violencia por parte de grupos armados en Haití, lo que provocó desplazamientos masivos, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Mientras la población del país salía a la calle para protestar por la falta de respuesta del gobierno a los problemas de pobreza e inseguridad, los movimientos sociales y políticos del país habían advertido en repetidas ocasiones que la situación no debía utilizarse como pretexto para una intervención extranjera en el país.
Sobre todo teniendo en cuenta el papel que países como Estados Unidos habían desempeñado históricamente en el debilitamiento de la soberanía de Haití, mediante el golpe de 2004 y la ocupación directa, y el hecho de que gran parte de las armas utilizadas por los grupos del país habían llegado en avión desde Estados Unidos.
Mientras tanto, el Acuerdo de Montana 2021 —producto de las consultas entre cientos de organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, partidos políticos e individuos para idear una solución a la crisis actual desde dentro del país— quedó en gran medida marginado.
“Tenemos que organizar las elecciones, organizar las bases para resolver el problema de la inseguridad en el país y reorganizar el sistema judicial. Pero Estados Unidos y otras potencias imperialistas han bloqueado el acuerdo [de Montana] porque también prevé el fin de la injerencia de las potencias extranjeras en Haití”, declaró a Brasil de Fato Jean Waltés Bien-Aime, periodista de Radio Resistencia y de la Agencia de Prensa Popular Haitiana.
En octubre de 2022, Henry solicitó a la comunidad internacional el despliegue de una “fuerza armada especializada” en el país, lo que provocó protestas en el país. En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de autorizar un “Apoyo Multinacional de Seguridad” (AMS) a Haití, con las abstenciones de Rusia y China. Kenia se ofreció a liderar la misión, comprometiéndose a desplegar 1.000 agentes de policía.
El AMS no sería una misión de la ONU, que a su vez ya tuvo una presencia militar de más de una década en Haití a través de su “misión de estabilización” MINUSTAH, lo que suscitó preocupaciones sobre la rendición de cuentas.
Estados Unidos anunció un financiamiento de 200 millones de dólares para la misión, y el 11 de marzo anunció otros 100 millones, mientras que Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benín y Chad notificaron formalmente a la ONU su intención de aportar personal para el despliegue.
Mientras tanto, a finales de enero, el Tribunal Superior de Kenia declaró inconstitucional el despliegue de personal en Haití, al dictaminar que el Consejo de Seguridad Nacional del país no tenía autoridad para desplegar agentes de policía fuera del país. La orden era la prórroga de las medidas cautelares dictadas por primera vez por el tribunal en octubre, que el parlamento de Kenia desobedeció para autorizar la misión.
Las fuerzas progresistas del país, en particular el Partido Comunista de Kenia (CPK), han rechazado vehementemente el despliegue, reiterando que “Haití no requiere ninguna intervención extranjera; esta crisis está orquestada por el grupo central de Estados Unidos, Canadá y Francia, con el objetivo de mantener la hegemonía y ajustar cuentas con Haití por su histórica revolución de esclavos contra el dominio francés”.
Más información: “Lucharemos en las calles de Nairobi por nuestros hermanos y hermanas de Haití”
Sin embargo, el presidente William Ruto había declarado su intención de proceder al despliegue. A finales de febrero, Ariel Henry voló a Nairobi para firmar un “acuerdo recíproco” con Ruto que “permitiera acelerar el despliegue”. En ausencia de Henry, los grupos armados de Haití lanzaron una gran ofensiva que le impidió regresar al país.
Gobierno de transición
El 11 de marzo, el bloque regional CARICOM convocó una reunión de emergencia en Jamaica, en la que también participaron representantes de Brasil, Canadá, Francia, México, la ONU y Estados Unidos. De la reunión surgió un “acuerdo de gobierno de transición” que implicaría la creación de un Consejo Presidencial de Transición y, posteriormente, el nombramiento de un Primer Ministro interino.
“El gobierno que dirijo dimitirá inmediatamente después de la instalación de un Consejo [de Transición]”, declaró Henry en una alocución por vídeo. El Consejo estará compuesto por siete miembros con derecho a voto, procedentes de siete grupos designados, incluidos los signatarios del Acuerdo de Montana, y dos observadores sin derecho a voto de la sociedad civil y la comunidad interreligiosa.
Es importante destacar que el Consejo excluirá a cualquiera que se oponga a la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití.
Aunque el despliegue de Kenia parece estar suspendido por el momento, la intervención patrocinada por Estados Unidos en Haití sigue sobre la mesa, en total desafío a las demandas soberanas del pueblo haitiano.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición también se encargará de nombrar un “Consejo de Ministros inclusivo” y establecerá los criterios para seleccionar un “Consejo Electoral Provisional (CEP) imparcial” que celebre las elecciones largamente aplazadas.
El Consejo no electo no sólo va en contra de las demandas de las masas haitianas y de las organizaciones populares, sino que destacados líderes de grupos armados, entre ellos Jimmy “Barbecue” Chérizier, antiguo oficial de policía, han advertido de que Haití se sumirá en un mayor caos si la comunidad internacional “elige a un pequeño grupo de políticos para negociar con ellos sobre el papel y decidir quién puede ser presidente y qué tipo de gobierno”.
En declaraciones a Democracy Now, la doctora Jemima Pierre, profesora de la Universidad de Columbia Británica y coordinadora del Equipo Haití/Américas de la Alianza Negra por la Paz, afirmó sobre el anuncio de Henry: “Están intentando poner un barniz de legalidad a la situación diciendo básicamente que Henry tiene que renunciar para que haya un consejo presidencial, para poder pasar a las llamadas elecciones libres y justas… Las personas que toman las decisiones siguen tomando las decisiones… y ése es un problema que no se va a resolver”.
“Lo fascinante de las negociaciones con la CARICOM es que los principales negociadores extranjeros fueron Estados Unidos, Francia, Canadá y México… Estados Unidos, Francia y Canadá estuvieron detrás del golpe de Estado que destituyó a nuestro presidente electo y nos llevó al precipicio en el que nos encontramos ahora”, subrayó Pierre.
