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El 13 de abril la embajadora norteamericana en el Perú Lisa Kenna publicó en su cuenta personal de Twitter una foto con la fiscal de la nación peruana Patricia Benavides, a modo de compartir la reunión en la cual ambas conversaron “sobre la importancia de avanzar con las investigaciones de incidentes de violencia y casos de derechos humanos en los últimos meses”.
Este tuit evidencia no solo el rol que tuvo la embajada norteamericana en el Golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, sino también una larga data de intervencionismo norteamericano en el sistema de justicia de nuestro país y que hoy en día, en un período de transición multipolar, resulta sumamente estratégico para cuidar su “Patio Trasero” y darle continuidad a la Doctrina Monroe.
No cabe duda alguna del rol fundamental de la fiscal Benavides en el esquema judicial, parlamentario y mediático para lograr la detención ilegal y arbitraria del presidente Castillo. Por eso, no son casuales las reuniones sostenidas previamente al Golpe de Estado del 7 diciembre de 2022 o las felicitaciones públicas a inicios de año de parte de la embajadora, ex funcionaria de la CIA según su curriculum público, para la fiscal cuya hermana es sospechosa del caso de crimen organizado “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Sin embargo, este entrometimiento de la hegemonía norteamericana en los asuntos internos del Estado peruano no son recientes ni anecdóticos. El economista Silvio Rendón, en su libro “La intervención de los Estados Unidos en el Perú. Desde el proyecto del protectorado hasta los Wikileaks”, sistematiza documentalmente el intervencionismo yankee en nuestro país desde la Guerra del Pacífico, con sus modalidades que van desde sus modalidades militares hasta la industria de los “Derechos Humanos”. A inicios del año 2000, en el conocido periodo de “retorno a la democracia”, este intervencionismo adoptó un ropaje distinto. Mediante ONGs y con el financiamiento de USAID se apoyó la “Reforma del Sistema de Justicia”.
Esta táctica de intervencionismo tiene como finalidad garantizar el control en el diseño y aplicación del Sistema de Justicia en el Perú para cautelar los intereses económicos, comerciales y geopolíticos norteamericanos en el país. Por ejemplo, USAID estuvo encargada de la capacitación y promoción del nuevo Código Procesal Penal, tal como lo detalla Javier De Belaunde en su texto
Esta táctica de intervencionismo tiene como finalidad garantizar el control en el diseño y aplicación del Sistema de Justicia en el Perú para cautelar los intereses económicos, comerciales y geopolíticos norteamericanos en el país. Por ejemplo, USAID estuvo encargada de la capacitación y promoción del nuevo Código Procesal Penal, tal como lo detalla Javier De Belaunde en su texto “La Reforma del Sistema de Justicia, ¿en el camino correcto?”.
Como lo indica De Belaunde, “el nuevo Código propone un nuevo modelo procesal penal de corte acusatorio, oral y público, redefine los roles de los juzgadores y del Ministerio Público”.
Es decir, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos determina las reglas procedimentales del proceso penal peruano, así como la “capacitación” de los actores estatales en el proceso, tales como el Ministerio Público.
También, la importación de categorías o mecanismos legales es parte del intervencionismo en el sistema de justicia. Con ello no solo se garantiza procedimientos similares a los que existen en Estados Unidos sino que también se construye y alimenta un consenso entre los operadores jurídicos acerca de lo ideal que es el modelo de justicia norteamericano. Esto sucede con la Ley de Colaboración Eficaz, o Plea Bargaining, que hoy en día es tan útil para los esquemas de Lawfare donde la imputación de delitos de “corrupción” a líderes progresistas y de izquierda siempre se basan en testimonios de “testigos” y “colaboradores eficaces”, en lugar que en pruebas que sustenten una imputación delictiva. La Colaboración Eficaz, hace posible que el juez Moro, pupilo del Departamento de Justicia norteamericano, diga sin tapujos, al momento de condenar al presidente Lula Da Silva: “No tengo pruebas, pero tengo convicciones”.
Otra manifestación de este intervencionismo en el sistema de justicia, y quizás de manera más desvergonzada, es ampliación de ámbito de aplicación de leyes norteamericanas a territorio peruano. Esto sucede, por ejemplo, con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, por sus siglas en inglés), que resulta ser, como lo señalan Romano y Britto, “un entramado legal e institucional que habilita la extraterritorialidad de la norma de EE. UU., afectando a individuos, empresas y economías enteras”. Precisamente, este esquema legal permite que los Estados Unidos aplique sanciones económicas a Estados cuyos proyectos alternativos no satisfacen las expectativas norteamericanas vulnerando toda noción de soberanía de los pueblos o perseguir judicialmente a los líderes de izquierda por imputaciones de “corrupción” que a la larga nunca llegan a comprobarse pero que son eficaces para fines políticos a corto plazo de las élites criollas y el imperialismo norteamericano.
Por lo tanto, el reciente encuentro entre la embajadora norteamericana Kena y la fiscal de la Nación del Perú, no es sino una evidencia más del nivel de intervencionismo del imperialismo yankee que sufre el Perú desde hace varios años. Los canales de comunicación oficiales dan cuenta que la embajada norteamericana, antes inclusive de la jefatura de Patricia Benavides, ha tenido una vinculación íntima con el Ministerio Público, la cual habilita a dudar acerca de si son los intereses de los peruanos y peruanas los que se priorizan en la labor fiscal en el Perú.
Basta levantar una piedra en el sistema de justicia peruano para hallar fondos del Estado norteamericano que buscan garantizar sus intereses geopolíticos en lugar de la tutela jurisdiccional efectiva que todo peruano y peruana merecen. Desde la presencia de USAID en el primer nivel del edificio del Poder Judicial, pasando por el aparentemente “colaborativo” Proyecto de Apoyo al Sector Justicia -gestionado por el ABA ROLI y financiado por Departamento de Estado norteamericano- que en el año 2017 desarrolló para el Ministerio Público un “Manual de Evidencia Digital”, hasta el entrenamiento y capacitación de los operadores del sistema de justicia por parte de ONGs con financiamiento de USAID y NED. El encuentro entre la Fiscal de la Nación y la embajadora es solo la punta del iceberg de una afrenta a la soberanía de justicia del Perú, pero, a su vez, una prueba irrefutable del rol de los Estados Unidos en el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
