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Israel ha impuesto una serie de medidas represivas a los palestinos, entre ellas la revocación de permisos de viaje y restricciones relacionadas con la construcción. Las medidas suponen un nuevo ataque a los derechos de los palestinos por parte del nuevo gobierno derechista de Israel y se producen tras una votación en la Asamblea General de la ONU con respecto a la ocupación israelí.
Israel ha revocado el permiso de viaje del ministro palestino de Asuntos Exteriores y Expatriados, Riyad al-Maliki. El permiso le permitía entrar y salir libremente de los territorios ocupados. A diferencia de otros palestinos, que tienen que solicitar un nuevo permiso a las autoridades de ocupación cada vez que entran y salen de los territorios ocupados, los permisos de viaje eximen a los funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) de ese proceso.
Maliki dijo que fue informado del cambio de estatus cuando viajaba de regreso de la toma de posesión del presidente brasileño.
En respuesta, Maliki dijo el domingo 8 de diciembre que la AP está considerando emprender acciones legales contra las medidas del gobierno israelí para restringir la libertad de movimiento de sus funcionarios y la imposición de otras medidas “punitivas” contra los palestinos.
La medida se considera parte de una serie de medidas punitivas adoptadas contra la AP por haber impulsado el mes pasado una votación en la Asamblea General de la ONU, en la que se pedía un dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la situación jurídica de la ocupación israelí.
El sábado, Israel anunció también la revocación de los “permisos de entrada” de tres agentes de Al Fatah, después de que visitaran a Karim Younis en su domicilio tras su liberación de 40 años de prisión en Israel.
El viernes, el comité ministerial israelí sobre seguridad nacional también ordenó la transferencia de aproximadamente 39 millones de dólares de los Estados Unidos de los fondos fiscales de la AP para pasarlos a las denominadas “víctimas israelíes del terrorismo”.
La cantidad equivale a los fondos pagados por la AP a las familias de las víctimas palestinas de las atrocidades israelíes el año pasado. Israel alegó que la transferencia de fondos a los palestinos equivale a “promoción del terrorismo”.
Israel también decretó una moratoria sobre todas las construcciones palestinas en Cisjordania ocupada.
El Ministerio de Seguridad Nacional de Israel, dirigido por el extremista Itamar Ben-Gvir, también prohibió el viernes cualquier visita de un legislador israelí a prisioneros palestinos.
Ben-Gvir también emitió una orden pidiendo la retirada de todas las banderas palestinas de los espacios públicos, equiparando su exhibición pública al “terrorismo.”
“Las medidas de la ocupación israelí violan el derecho internacional y responden al derecho natural y legal del Estado de Palestina a librarse de una ocupación que dura décadas”, declaró Maliki.
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) dijo que la medida equivale a un “castigo colectivo”. El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, expresó su esperanza de que el “chantaje israelí” no detenga la labor diplomática y política de los palestinos. Sin embargo, afectará a la situación económica de Palestina y dificultará la vida de los palestinos de a pie.
Traducción: Martín Varese
