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El 26 de enero de 2024, los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hicieron pública su orden de 29 páginas en la que encontraban pruebas “plausibles” (párrafo 54) de que Israel estaba llevando a cabo un genocidio contra los palestinos en Gaza. La Cortel intervino en esa guerra gracias a la demanda de Sudáfrica, que argumentaba que Israel había incumplido sus obligaciones con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Sudáfrica acudió a la CIJ dos meses y tres semanas después del brutal bombardeo militar de Israel contra los y las palestinas. La acusación de Sudáfrica , de 84 páginas, presentada ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023, incluía declaraciones de altos cargos de Israel en las que se pedía la aniquilación total de los “salvajes humanos” de Gaza e incluía detalles de cómo estaba actuando Israel en relación con dichas declaraciones.
La CIJ dio la razón a Sudáfrica e instó a Israel a “tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos genocidas” (párrafo 78). La orden no es un veredicto final, ya que no hubo juicio. Son “medidas provisionales”. La CIJ tardaría varios años en juzgar si Israel está cometiendo realmente un genocidio contra los palestinos y las palestinas. La CIJ no pidió directamente un alto el fuego o un “cese de las hostilidades” (como había hecho en marzo de 2022, cuando ordenó a Rusia “suspender las operaciones militares”). Sin embargo, es difícil leer el párrafo 78 de otra forma que no sea que pide a Israel que silencie sus armas.
Hace veinte años, la CIJ estudió la construcción de un muro alrededor de Cisjordania en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). En julio de 2004, la CIJ declaró que “la construcción del muro por Israel… es contraria al derecho internacional”. Ha habido una batalla incesante sobre la jurisdicción de la CIJ para dictaminar sobre el comportamiento de Israel en los TPO, incluso en 2022, cuando varios Estados solicitaron un dictamen jurídico sobre la conclusión de una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU presidida por la jueza sudafricana Navi Pillay. El informe de Pillay encontró “motivos razonables para concluir que la ocupación israelí de territorio palestino es ahora ilegal según el derecho internacional debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto del gobierno israelí”. Israel impugnó la competencia de la CIJ en el caso. Ahora, con esta acusación de genocidio, la Corte estableció su jurisdicción e Israel la aceptó participando en el proceso.
Medidas provisionales
La CIJ fue creada por las Naciones Unidas como mecanismo de resolución de disputas entre Estados. Sudáfrica llevó su disputa con Israel ante la CIJ, acusando a Israel de violar un tratado internacional. Tras examinar el litigio, la CIJ dio la razón a Sudáfrica y ofreció “medidas provisionales” para defender los derechos del pueblo palestino. La orden de la CIJ es inapelable. Es definitiva. La CIJ dio a Israel un mes para demostrar que ha tomado medidas para proteger a los palestinos. Si Israel no responde o no lo hace satisfactoriamente, la CIJ enviará su orden al Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) para su ejecución. El CSNU estará obligado por la Carta de la ONU a hacer cumplir la orden.
Israel ya ha rechazado la orden. Eso significa que la orden se enviará, dentro de un mes, al CSNU. En ese momento, será interesante ver cómo reaccionan a la orden los tres países del Norte Global con poder de veto (Francia, Reino Unido y los Estados Unidos). El 25 de enero, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, declaró que el Gobierno estadounidense cree que “las acusaciones de que Israel está cometiendo genocidio [son] infundadas”. Patel dijo que Israel debe “tomar medidas factibles, medidas adicionales para evitar daños a civiles”, pero que no hay ningún genocidio que Israel esté llevando a cabo. Esto provocará un enfrentamiento en el CSNU. Argelia, miembro del CSNU en este momento, ha pedido que se celebre una reunión para debatir el veredicto y que el CSNU pida un alto el fuego inmediato.
La reputación de la Corte
Junto con la orden de la CIJ, la juez Xue Hanqin escribió una opinión separada, en la que señalaba que hace 60 años, los Gobiernos de Etiopía y Liberia habían llevado a Sudáfrica ante la CIJ por su papel en el suroeste de África (actual Namibia). La CIJ, escribió, rechazó el caso, y esta “denegación de justicia dio lugar a una fuerte indignación” contra la CIJ “empañando gravemente su reputación”. La jueza Xue llegó a la CIJ en 2010 y – debido a su seriedad – fue elegida vicepresidenta de la Corte en 2018. En marzo de 2022, la juez Xue votó en contra de la orden provisional que instaba a Rusia a suspender su operación militar en Ucrania (cuando se dictó esa orden, habían sido asesinados poco más de mil civiles en la guerra, mientras que cuando la CIJ se ocupó del bombardeo israelí, habían muerto más de 25.000 civiles). En el caso de la brutal guerra de Israel contra los palestinos, la juez Xue planteó la cuestión erga omnes (“hacia todos”), que implica que se trata de un caso en el que las acciones de Israel perjudican a la comunidad mundial e Israel debe ser impelido a detener su guerra en nombre de toda la humanidad. “En el caso de un grupo protegido como el pueblo palestino”, escribió el juez Xue, “lo menos controvertido es que la comunidad internacional tiene un interés común en su protección”.
Hay tres jueces asiáticos en la Corte, con la Juez Xue acompañado por el Juez Iwasawa Yuji de Japón y el Juez Dalveer Bhandari de India. El juez Bhandari ha tenido una distinguida carrera en la India en el Tribunal Superior de Delhi (1991-2004), en el Tribunal Superior de Bombay (2004-2005) y en el Tribunal Supremo (2005-2012) antes de ser elevado a la CIJ. Sólo cinco jueces adjuntaron su opinión al auto, uno de los cuales era el juez Bhandari. En su opinión , el juez Bhandari repasó los fundamentos jurídicos del caso de Sudáfrica, pero se aseguró de dejar constancia de su opinión de que otras leyes internacionales, además de la Convención sobre el Genocidio, se aplican a esta guerra y que todas las partes deben adherirse a estas leyes. Aunque la orden en sí no pedía directamente el cese de las hostilidades, el juez Bhandari sí lo hizo. “Todos los participantes en el conflicto”, escribió, “deben garantizar el cese inmediato de todos los combates y hostilidades y la liberación inmediata e incondicional de los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023”. Es probable que el juez Bhandari pusiera su propia opinión en la Corte para dejar constancia de la necesidad de pedir directamente ese alto el fuego.
La reacción de Israel y sus aliados
La reacción de Israel a la orden de la CIJ fue característica. El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, dijo que la CIJ era una “corte antisemita” y que “no busca la justicia, sino la persecución del pueblo judío”. Curiosamente, Ben Gvir dijo que la CIJ “guardó silencio durante el Holocausto”. El Holocausto llevado a cabo por el régimen alemán nazi y sus aliados contra los judíos europeos, los romaníes, los homosexuales y los comunistas tuvo lugar entre finales de 1941 y mayo de 1945 (cuando el Ejército Rojo soviético liberó a los prisioneros de Ravensbrück, Sachsenhausen y Stutthof). La CIJ se creó en junio de 1945, un mes después de que finalizara el Holocausto, y comenzó a trabajar en abril de 1946. Intentar deslegitimar a la Corte diciendo que permaneció “en silencio” cuando no existía, y luego utilizar esa falsa afirmación para calificar a la CIJ de “corte antisemita” demuestra que Israel no tiene respuesta a los méritos de la orden de la CIJ.
Lo que es interesante es que el juez israelí en la CIJ, Aharon Barak, se unió a la mayoría de los jueces en una votación de 16-1 para decir que Israel no permite la ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza, y que Israel debe “prevenir y castigar la incitación al genocidio”. Es difícil que los altos cargos israelíes consideren a Barak “antisemita” o menosprecien sus credenciales. Barak ha ocupado altos cargos en Israel, como Fiscal General (1975-1978), Juez del Tribunal Supremo de Israel (1978-1995) y Presidente del Tribunal Supremo (1995-2006). Barak votó en contra de la afirmación de que existían pruebas “plausibles” de genocidio por parte del gobierno israelí. “Genocidio”, escribió en su dictamen , “es para mí algo más que una palabra; representa la destrucción calculada y el comportamiento humano en su peor expresión. Es la acusación más grave posible y está profundamente entrelazada con mi experiencia vital personal”. Aunque Barak, el nominado israelí en la CIJ para este caso, no votó sobre la acusación de que se está llevando a cabo un genocidio en Gaza, el juez Barak estuvo de acuerdo, no obstante, en que hubo “incitación al genocidio”. La diferencia entre ambos pende de un hilo, perseguido por el fantasma de los 30.000 palestinos y palestinas asesinados (casi la mitad de ellos niños).
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en apuros políticos dentro de Israel, celebró que la CIJ no ordenara un alto el fuego y luego dijo que su Gabinete de Guerra seguirá adelante con su guerra. Este giro del veredicto es inverosímil. No convencerá a nadie, y menos aún a los jueces de la CIJ que han considerado “plausible” la acusación de genocidio y han pedido a Israel que ponga fin a su guerra genocida.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres . Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense (con Noam Chomsky).
Este artículo fue producido para Globetrotter.
